Hay frases que sobreviven al tiempo porque siguen incomodando al poder. “Donde todos piensan igual, nadie está pensando” es una de ellas. Se atribuye al periodista Walter Lippmann, aunque su origen exacto permanece en discusión. Poco importa. La frase retrata con precisión el sueño de cualquier gobierno autoritario: una sociedad donde todos repitan, nadie cuestione y cualquier voz discordante pueda ser presentada como enemiga del pueblo.
Ese sueño parece estar tomando forma en México.
Morena insiste en que quiere proteger a las audiencias, combatir la desinformación y garantizar contenidos adecuados. El lenguaje es impecable, casi tranquilizador. Pero detrás de las palabras amables aparece una amenaza que no puede minimizarse: la intención de colocar al poder político como supervisor de la conversación pública.
Y cuando el gobierno empieza a decidir qué información es adecuada, equilibrada, responsable o socialmente útil, la libertad de expresión deja de ser un derecho y comienza a convertirse en un permiso.
La censura nunca se presenta como censura
Ningún gobierno anuncia abiertamente que pretende controlar a los medios. Ningún partido bautiza una iniciativa como “Ley para silenciar críticos”. La censura moderna llega disfrazada de protección, regulación, seguridad, derechos digitales, combate al odio o defensa de las audiencias.
El método consiste en construir primero el aparato legal y tranquilizar después a la ciudadanía asegurando que jamás será utilizado de manera autoritaria.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no existe censura, espionaje ni intención alguna de controlar la conversación pública. El problema es que las garantías verbales de un gobernante no sustituyen a los contrapesos institucionales.
Las leyes no deben diseñarse pensando únicamente en la supuesta buena voluntad de quien ocupa temporalmente el poder. Deben construirse para impedir abusos, incluso cuando quien gobierna tenga la tentación de utilizarlas contra sus adversarios.
Morena exige que confiemos en sus intenciones mientras impulsa mecanismos que podrían ampliar la capacidad del Estado para intervenir en contenidos, medios y plataformas. Esa contradicción es precisamente lo que debería encender todas las alarmas.
¿Quién decide qué podemos escuchar?
El oficialismo habla de garantizar información “adecuada”. Pero se niega a responder con claridad la pregunta fundamental: ¿adecuada según quién?
¿Según los ciudadanos?
¿Según los periodistas?
¿Según especialistas independientes?
¿O según funcionarios, organismos reguladores y defensores de audiencias vinculados al mismo poder que tendría que ser vigilado?
Un defensor de las audiencias nombrado, validado o condicionado por estructuras gubernamentales no representa necesariamente un contrapeso. Puede convertirse en un comisario editorial con lenguaje burocrático.
El riesgo no está solamente en que una autoridad ordene retirar directamente un contenido. También existe censura cuando se imponen criterios ambiguos, procedimientos intimidatorios, sanciones inciertas o cargas regulatorias capaces de provocar que medios y comunicadores prefieran callar antes que enfrentar consecuencias.
Eso se llama autocensura. Y suele ser mucho más eficaz que la prohibición abierta.
Morena no quiere prohibirlo todo; quiere tener la capacidad de hacerlo
El mayor peligro no es que mañana desaparezcan todos los medios críticos ni que un funcionario llegue personalmente a apagar una estación de radio. El verdadero riesgo es más gradual y, por lo tanto, más difícil de combatir.
Se construye una facultad aquí.
Se crea una autoridad allá.
Se incorpora un concepto ambiguo en una ley.
Se establecen sanciones.
Se obliga a los medios a someterse a procedimientos administrativos.
Después, cuando una investigación, una columna o una cobertura incomodan al gobierno, ya existe la infraestructura necesaria para presionar.
La censura del siglo XXI no siempre utiliza soldados ni clausuras. Utiliza reglamentos, verificaciones, multas, licencias, algoritmos, requerimientos, litigios y organismos supuestamente autónomos.
No necesita silenciar a todos. Le basta con castigar a algunos para que los demás entiendan el mensaje.
El historial del oficialismo no inspira confianza
Morena pide un voto de confianza que no se ha ganado.
Durante años, el movimiento que gobierna ha utilizado sus espacios públicos para exhibir periodistas, desacreditar investigaciones, atacar medios, señalar adversarios y dividir a la prensa entre quienes respaldan al gobierno y quienes supuestamente sirven a intereses oscuros.
Toda crítica es presentada como campaña.
Toda investigación incómoda es calificada como golpismo.
Todo periodista que cuestiona es acusado de conservador, corrupto, vendido o adversario del proyecto.
El oficialismo no debate el contenido de las críticas: intenta deslegitimar a quien las formula.
En ese contexto, entregar nuevas herramientas regulatorias al Estado no es un asunto menor. Es concederle más poder a un grupo político que ha demostrado una profunda intolerancia frente al escrutinio público.
No se puede pasar años señalando a la prensa desde el poder y después pedir que nadie sospeche cuando se pretende regular lo que esa prensa publica.
México no necesita una verdad oficial
México ya enfrenta violencia contra periodistas, concentración de publicidad gubernamental, precariedad laboral en los medios, presiones económicas, amenazas criminales y opacidad institucional.
Agregar a ese escenario una autoridad con capacidad de evaluar contenidos no fortalece la democracia. La debilita.
El Estado no debe convertirse en árbitro de la verdad.
Su función es garantizar que existan muchas voces, no decidir cuál merece ser escuchada. Debe proteger el derecho de los ciudadanos a informarse, incluso mediante contenidos incómodos, polémicos, parciales, críticos o equivocados.
La libertad de expresión no fue creada para proteger discursos obedientes. Existe precisamente para amparar aquello que molesta al poder.
La desinformación se combate con transparencia, datos públicos, educación, acceso a fuentes, derecho de réplica y periodismo profesional. No se combate creando funcionarios capaces de decidir qué versión de la realidad puede circular.
Uniformidad no significa democracia
Morena pretende confundir armonía con obediencia.
Un país donde todos repiten el discurso gubernamental no es un país unido. Es un país silenciado.
Una democracia saludable es ruidosa, incómoda y contradictoria. Tiene periodistas que investigan, caricaturistas que se burlan, ciudadanos que protestan, opositores que exageran, medios que se equivocan y autoridades obligadas a responder.
El pluralismo no es elegante ni ordenado. Pero es infinitamente preferible a la uniformidad impuesta desde el gobierno.
Cuando un solo grupo político controla el Ejecutivo, domina el Congreso, influye sobre organismos públicos y además pretende ampliar su capacidad de regular la conversación, la amenaza no puede juzgarse de forma aislada.
Cada facultad adicional forma parte de una concentración de poder más amplia.
El problema no es únicamente una reforma. Es el modelo de país que se está construyendo.
Hoy son los medios; mañana puede ser cualquiera
Los defensores de estas medidas aseguran que solamente buscan responsabilizar a grandes empresas, plataformas o concesionarios. Pero toda herramienta de control tiende a expandirse.
Hoy se regula una plataforma.
Mañana se exige responsabilidad a una televisora.
Después se sanciona a una estación de radio.
Más adelante se presiona a un portal independiente.
Finalmente, un ciudadano descubre que una publicación crítica fue retirada, limitada o clasificada como contenido perjudicial.
Una vez que el poder obtiene la capacidad de controlar la conversación, rara vez renuncia voluntariamente a ella.
Por eso no basta preguntar cómo pretende utilizar Morena estas facultades hoy. Hay que preguntar cómo podrían utilizarse mañana, durante una crisis política, una elección cerrada, una investigación de corrupción o una protesta social.
Las libertades no desaparecen necesariamente de golpe. Se erosionan mediante pequeñas concesiones que parecen razonables hasta que resulta demasiado tarde.
Lo que Morena realmente teme
El oficialismo asegura que quiere proteger a la sociedad de contenidos dañinos. Pero su comportamiento sugiere que lo que verdaderamente le incomoda es perder el control del relato.
Le molesta que una investigación contradiga la versión presidencial.
Le molesta que un medio exhiba corrupción.
Le molesta que una plataforma amplifique críticas.
Le molesta que los ciudadanos no acepten como verdad definitiva lo dicho desde Palacio Nacional.
Morena no teme a la mentira. Teme a las voces que no puede controlar.
Por eso busca presentar la crítica como desinformación, la oposición como sabotaje y el periodismo incómodo como una actividad ilegítima.
El objetivo no parece ser que los ciudadanos estén mejor informados. Parece ser que el gobierno conserve el monopolio moral de la conversación.
Donde todos piensan igual, alguien ya prohibió pensar distinto
La libertad de expresión no se pierde solamente cuando se prohíbe hablar. También se pierde cuando opinar tiene costos, cuando investigar provoca represalias y cuando cuestionar al gobierno convierte a una persona en objetivo de campañas institucionales.
Una sociedad libre no necesita que el gobierno le diga qué contenidos son adecuados. Necesita instituciones que garanticen que nadie, ni siquiera el partido gobernante, tenga la facultad de imponer una verdad oficial.
Hoy Morena pide confianza.
Pero las democracias no se construyen con confianza ciega. Se construyen con límites, vigilancia, autonomía y contrapesos.
La pregunta no es si Claudia Sheinbaum promete no censurar. La pregunta es por qué su gobierno necesita mecanismos que podrían permitirle hacerlo.
Porque donde todos piensan igual, nadie está pensando.
Y donde todos terminan repitiendo al gobierno, probablemente alguien ya se encargó de silenciar a quienes pensaban diferente.