Este 15 de septiembre habrá banderas, música, fuegos artificiales y un nuevo Grito de Independencia. Desde Palacio Nacional volverán los “¡Viva México!” mientras millones de mexicanos intentan sobrevivir en un país donde la realidad cotidiana dista mucho de la fiesta oficial.
Porque detrás del espectáculo hay otro México. Uno donde siguen desapareciendo personas, donde el crimen organizado disputa territorios, donde comerciantes pagan derecho de piso, familias buscan medicamentos y escándalos de corrupción alcanzan a funcionarios, empresarios y hasta al entorno familiar del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Por eso, antes de gritar “¡Viva México!”, también habría que preguntarse: ¿qué estamos celebrando?
• Salud y medicamentos. El Gobierno asegura que el abastecimiento de medicamentos en IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar supera el 97%. Sin embargo, la propia existencia de mecanismos oficiales para denunciar recetas no surtidas y los más de 14 mil reportes ciudadanos acumulados por el Colectivo Cero Desabasto recuerdan que el problema no ha desaparecido. Una estadística nacional puede presumir suficiencia mientras, para el paciente al que le falta justamente su tratamiento, el desabasto sigue siendo del cien por ciento.
• Violencia. El Gobierno de Claudia Sheinbaum presume una reducción de 53% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y agosto de 2026. Es un avance que debe reconocerse. Pero incluso los datos oficiales revelan la dimensión del problema que todavía enfrenta México: desde octubre de 2024 se han detenido más de 67 mil personas por delitos de alto impacto, asegurado más de 34 mil armas, decomisado 534 toneladas de droga y desmantelado 2 mil 771 laboratorios clandestinos de metanfetaminas. No son cifras de un país que haya derrotado al crimen organizado; son la radiografía del tamaño que éste alcanzó.
• Desaparecidos. México carga además con una de sus heridas más profundas. El Registro Nacional contabilizaba ya más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas en abril de 2026. Son familias que no celebran el Grito buscando a un hijo, una hija, una madre o un padre; familias que recorren fosas y terrenos porque demasiadas veces el Estado llegó tarde o simplemente no llegó.
• Narcotráfico y extorsión. Cárteles que producen toneladas de droga, laboratorios industriales, rutas de tráfico, cobros de piso y comunidades enteras condicionadas por grupos criminales siguen formando parte del mapa nacional. La propia estrategia federal contra la extorsión había llevado a la detención de 2 mil personas relacionadas con ese delito hasta agosto de 2026. Que sea necesaria una operación de semejante escala demuestra hasta qué punto el fenómeno penetró la vida cotidiana y la economía de numerosas regiones.
• Huachicol y corrupción institucional. México llegó al 15 de septiembre de 2026 con investigaciones sobre enormes redes de contrabando de combustibles y corrupción aduanera. Expedientes de la Fiscalía han descrito operaciones en las que cargamentos de millones de litros habrían ingresado al país disfrazados de otros productos para evadir impuestos, con señalamientos hacia funcionarios, marinos, agentes aduanales y empresarios. En una de esas investigaciones, un testigo incluso declaró que un operador presentó una operación como “un tema de Andy”, en referencia a Andrés Manuel López Beltrán. Esa mención no demuestra responsabilidad penal del hijo del expresidente ni equivale a una acusación judicial en su contra, pero sí muestra por qué el asunto merece una investigación independiente y exhaustiva.
Y ahí aparece otro capítulo incómodo: la familia López Obrador.
Durante años, Andrés Manuel López Obrador convirtió la lucha contra la corrupción en uno de los pilares morales de su movimiento. “No somos iguales”, repetía. Sin embargo, su propio entorno familiar terminó rodeado de controversias que jamás fueron explicadas de manera suficientemente convincente para una parte importante de la opinión pública.
José Ramón López Beltrán protagonizó el caso de la llamada “Casa Gris”: residió en Houston en una propiedad perteneciente a un exejecutivo de Baker Hughes, empresa contratista de Pemex. El caso provocó denuncias por posible conflicto de interés y una investigación de la entonces Secretaría de la Función Pública, que finalmente determinó que no contaba con elementos para acreditar las faltas denunciadas. Baker Hughes también negó irregularidades. Es decir, hubo un escándalo documentado y cuestionamientos legítimos, pero no una resolución que estableciera corrupción de José Ramón.
Después vinieron Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, Gonzalo “Bobby” López Beltrán y la red de empresarios cercanos a ellos. Investigaciones periodísticas difundieron audios en los que el empresario Amílcar Olán habla de negocios relacionados con balasto para el Tren Maya y el Corredor Interoceánico y menciona la intervención de Gonzalo López Beltrán. Olán ha sido señalado por haberse beneficiado de su cercanía con los hijos del expresidente para obtener negocios alrededor de las grandes obras del sexenio anterior. Nuevamente: son señalamientos e investigaciones periodísticas que requieren esclarecimiento institucional, no sentencias judiciales contra los hijos de López Obrador.
El problema político es precisamente ese. Quien prometió que con su llegada acabarían el influyentismo, los conflictos de interés y los privilegios familiares dejó un país en el que las preguntas sobre su propio círculo continúan abiertas.
Y la corrupción tampoco se limita a una familia. Segalmex se convirtió en uno de los mayores símbolos de irregularidades del sexenio anterior; las aduanas han quedado bajo sospecha por redes de contrabando; Pemex continúa apareciendo alrededor de investigaciones sobre combustibles y contratistas; y las instituciones encargadas de perseguir los delitos siguen enfrentando la enorme prueba de demostrar que la justicia se aplica igual a aliados, familiares y adversarios.
México merece celebrar su historia, sus tradiciones y, sobre todo, a su gente. Lo que no merece es confundir patriotismo con silencio.
No hay nada que celebrar en la madre que busca a su hijo desaparecido. No hay nada que celebrar en el enfermo que llega a una farmacia pública y no encuentra su medicamento. No hay nada que celebrar en el comerciante obligado a entregar una parte de sus ingresos a un criminal. No hay nada que celebrar en una comunidad sometida por el narcotráfico ni en una institución pública utilizada para proteger intereses particulares.
El verdadero amor a México no consiste en ignorar esa realidad durante una noche.
Este 15 de septiembre, quizá el grito más necesario no sea únicamente “¡Viva México!”, sino exigir un México donde vivir deje de significar sobrevivir; donde la bandera no sirva para esconder a los desaparecidos, la corrupción, la violencia y la impunidad.
Porque mientras existan mexicanos buscando justicia, medicamentos, seguridad o simplemente a sus desaparecidos, el Gobierno podrá organizar la fiesta.
Pero todavía queda demasiado pendiente como para presumir que todo está bien.