La consulta pública impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias ha abierto un debate que va mucho más allá de la regulación de la radio y la televisión.
En el centro de la discusión se encuentra una pregunta fundamental: ¿hasta dónde debe llegar la intervención del Estado para proteger a las audiencias sin interferir en las decisiones editoriales de los medios de comunicación?
Ante las implicaciones de la propuesta, la plataforma Opinión 51 reunió a periodistas, especialistas y comunicadoras para analizar los lineamientos desde distintas perspectivas jurídicas, sociales y periodísticas. Aunque las participantes reconocen la importancia de garantizar los derechos de las audiencias y combatir la desinformación, también advierten que una regulación mal diseñada podría convertirse en una herramienta de presión, vigilancia o censura indirecta.
Edmée Pardo sostiene que la mejor protección para las audiencias no se encuentra necesariamente en la creación de nuevos reglamentos, sino en la formación de lectores, radioescuchas y espectadores capaces de analizar críticamente la información que reciben.
Desde una perspectiva jurídica, Pamela Sandoval considera que el principal problema no es la existencia de los derechos de las audiencias, sino determinar quién tendrá la facultad de decidir cuándo un medio de comunicación los ha vulnerado y qué consecuencias enfrentará por ello.
Pamela Cerdeira coincide en que las audiencias deben contar con mecanismos para presentar inconformidades y que los defensores puedan evaluar posibles afectaciones. Sin embargo, advierte que el riesgo aparece cuando esas evaluaciones dejan de ser recomendaciones y pueden traducirse en procedimientos, sanciones o formas de intervención sobre el contenido editorial.
Lourdes Encinas Moreno cuestiona la premisa de que los ciudadanos necesitan que una autoridad les explique dónde termina la información y dónde comienza la opinión. A su juicio, esa lógica podría tratar a las audiencias como menores de edad y generar un ambiente de incertidumbre que conduzca a los medios a la autocensura.
La periodista Bibiana Belsasso señala que la propuesta debe analizarse considerando las condiciones en las que se ejerce el periodismo en México. En un país marcado por agresiones, amenazas y asesinatos de comunicadores, considera preocupante que se impulsen nuevos mecanismos de control sin fortalecer previamente las garantías para ejercer la libertad de expresión.
Ivabelle Arroyo plantea que el debate también obliga a definir qué significa realmente proteger a las audiencias. Para la especialista, existe una diferencia importante entre garantizar derechos a ciudadanos libres y convertir al Estado en una autoridad encargada de decidir qué contenidos pueden o no recibir.
Por su parte, María Emilia Molina advierte que la censura contemporánea rara vez se presenta abiertamente como una prohibición. Con frecuencia, señala, avanza mediante disposiciones administrativas, requisitos regulatorios y mecanismos aparentemente técnicos que, bajo el argumento de proteger derechos, pueden terminar restringiendo la libertad de expresión.
El especial incluye también una reflexión colectiva de las integrantes del Consejo de la Asociación Mexicana de Comunicadores. Las especialistas reconocen la necesidad de enfrentar la desinformación, la manipulación de contenidos y el uso engañoso de herramientas de inteligencia artificial.
No obstante, advierten que estos desafíos no deben utilizarse como justificación para ampliar las facultades del Estado sobre los medios de comunicación ni para intervenir en sus criterios editoriales.
Las participantes coinciden en que proteger los derechos de las audiencias y preservar la libertad de expresión no deberían presentarse como objetivos contrapuestos. El verdadero reto consiste en construir mecanismos de protección que no otorguen a las autoridades facultades discrecionales para supervisar, corregir o castigar contenidos periodísticos.
La consulta pública permanecerá abierta hasta el próximo 21 de agosto. Durante ese periodo, ciudadanos, organizaciones, especialistas y representantes de los medios podrán presentar observaciones sobre una regulación que podría modificar durante años la relación entre el poder público, los medios de comunicación y las audiencias.
Lo que se encuentra en juego no es únicamente un conjunto de lineamientos administrativos. También está en discusión quién podrá definir los límites de la conversación pública y si la protección de las audiencias se convertirá en una garantía ciudadana o en un nuevo instrumento de control sobre la libertad editorial.