El Gobierno y su mayoría legislativa pretenden presentar como modernización tecnológica una reforma que, en los hechos, podría ampliar peligrosamente la capacidad del Estado para vigilar, investigar y sancionar a los ciudadanos.
El Senado de la República prepara una legislación para regular la Inteligencia Artificial en México. Aunque oficialmente se plantea como una medida para prevenir abusos tecnológicos, especialistas en ciberseguridad y legisladores de oposición advierten que la iniciativa contiene conceptos ambiguos y facultades excesivas que podrían utilizarse para censurar contenidos, perseguir adversarios y limitar la conversación pública.
La propuesta contempla una clasificación de infracciones “leves, graves y gravísimas”, además de un catálogo de supuestas “prácticas prohibidas” que podrían derivar en multas e incluso penas de cárcel.
El problema no es únicamente la severidad de las sanciones, sino la falta de claridad sobre quién determinará qué contenido representa una amenaza y bajo qué criterios se aplicarán los castigos.
Un “paquetazo” de vigilancia disfrazado de regulación
Para el consultor en ciberseguridad Jersaín Llamas, la iniciativa no puede analizarse de manera aislada. A su juicio, forma parte de un conjunto de reformas que, bajo argumentos de seguridad nacional y modernización digital, podrían normalizar la vigilancia masiva.
“Es un paquetazo de reformas en seguridad nacional, pero que al final es un paquetazo en reformas de vigilancia”, advirtió.
El especialista señala que el proyecto podría facilitar el acceso gubernamental a datos relacionados con llamadas, mensajes, ubicaciones y hábitos de navegación, aun cuando no exista una sospecha concreta contra los ciudadanos investigados.
En un país donde las instituciones han sido cuestionadas por el uso político de fiscalías, organismos de seguridad y sistemas de inteligencia, entregar nuevas facultades de vigilancia al Gobierno representa un riesgo que no puede minimizarse.
Regular la IA es necesario. Utilizarla como pretexto para ampliar el control estatal es otra cosa.
Castigar la “manipulación social”: una definición hecha a la medida
Uno de los apartados más preocupantes de la iniciativa establece como “infracción gravísima” el uso de Inteligencia Artificial para la “manipulación cognitiva, política, electoral o social con fines ilícitos o contrarios a los principios democráticos”.
La redacción parece suficientemente amplia para que prácticamente cualquier campaña, publicación, sátira, video, mensaje político o contenido crítico pueda ser investigado bajo la sospecha de intentar “manipular” a la sociedad.
¿Quién decidirá qué es manipulación política? ¿El Gobierno? ¿Una autoridad nombrada por la mayoría oficialista? ¿Los mismos funcionarios que serán objeto de críticas?
La ambigüedad no parece un error menor. Puede convertirse en el mecanismo perfecto para aplicar la ley de manera selectiva: tolerancia para la propaganda oficial y castigo para quienes cuestionen al poder.
Una Autoridad Nacional de IA con facultades preocupantes
La iniciativa también propone la creación de una Autoridad Nacional de Inteligencia Artificial. Aunque su función formal sería supervisar el uso de estas tecnologías, especialistas temen que termine operando como una estructura de control sobre plataformas, desarrolladores, medios de comunicación y usuarios.
Llamas comparó el proyecto con una “policía del pensamiento”, debido a la posibilidad de que el Estado recopile y analice metadatos de telecomunicaciones sin que exista una investigación judicial individualizada.
“Es la vigilancia masiva sin sospecha previa”, sostuvo.
La creación de otra autoridad burocrática tampoco garantiza protección para los ciudadanos. Por el contrario, si su integración queda bajo el control del partido gobernante, podría convertirse en un instrumento para decidir qué discursos son aceptables y cuáles deben ser sancionados.
El riesgo de legislar para controlar, no para proteger
Desde la Comisión de Análisis y Seguimiento de la IA en el Senado también han surgido llamados a frenar una aprobación apresurada.
El senador del PRI, Rolando Zapata, advirtió que una legislación mal diseñada podría atropellar derechos fundamentales, dañar la competitividad del país y comprometer su seguridad.
“Legislar a ciegas puede tener consecuencias muy graves, desde afectar derechos fundamentales hasta comprometer la seguridad o la competitividad del país”, afirmó.
México necesita reglas claras para enfrentar delitos cometidos mediante Inteligencia Artificial, como fraudes, suplantación de identidad, explotación sexual digital o manipulación de sistemas críticos. Sin embargo, esas normas deben perseguir conductas específicas y comprobables, no opiniones, críticas o conceptos políticos interpretados por el Gobierno.
Una ley con sanciones penales, definiciones vagas y facultades de vigilancia no protege la democracia: fortalece al poder frente al ciudadano.
El verdadero debate no es si debe regularse la Inteligencia Artificial, sino si el Gobierno utilizará esa regulación para proteger a los mexicanos o para vigilarlos, clasificarlos y silenciarlos.
Cuando una autoridad pretende decidir qué pensamiento es legítimo, qué contenido es democrático y qué mensaje representa una amenaza social, ya no estamos hablando únicamente de tecnología.
Estamos hablando de control.